El presidente es el jefe del Estado Mexicano, no el jefe de campaña de Morena: Guadalupe Murguía

El 11 de mayo el Presidente López Obrador reconoció abiertamente que está interviniendo en el proceso electoral y aceptó que tuvo que ver con el que la FGR investigue a los dos candidatos que puntean en la carrera por la gubernatura de Nuevo León.


Es claro que tiene una estrategia sistemática de promoción de su partido y pretende eliminar con todos los recursos públicos a su disposición a los contrincantes de Morena. Para ello desde su conferencia mañanera arremete contra todo lo que represente una amenaza a sus aspiraciones de acumular más poder.


La reiterada violación a los principios de imparcialidad y neutralidad que debe guardar como titular del Ejecutivo Federal ameritan que sea sancionado de manera urgente. Es una violación flagrante al artículo 134 y 41 de la Constitución que establece la prohibición de hacer propaganda gubernamental en tiempos de campañas.


AMLO no atiende el llamado del INE para frenar su actitud y encima usa a la FGR como ariete electoral para amedrentar a los opositores. Como en el pasado reciente, pretende convertir la procuración de justicia en un instrumento para perseguir a sus adversarios políticos.



Extralimitándose en sus funciones, se asume como el guardián de la elección y a la vez actúa como jefe de su partido. López Obrador es el Presidente de la República, no es un ciudadano común y corriente que hace uso de su derecho de expresión y de réplica, ni mucho menos es vocero de Morena.


Es Presidente todos los días que dure el mandato para el que fue electo, no se puede disociar del cargo ningún día del año. Todo lo que dice y hace es con ese carácter y con esa investidura, y más aún en medio de un proceso electoral en el que se debe garantizar la equidad en la contienda.


Reconocer que está metiendo la mano en el proceso electoral es claramente violatorio de la Constitución, la misma a la que juró solemnemente cumplir y hacer cumplir cuando rindió protesta para el cargo.


Si el Presidente realmente quiere elecciones transparentes, lo mejor que puede hacer en estos comicios es respetar la Constitución y las leyes electorales, y a partir de ahí puede exigir respeto a cualquier otra autoridad o ámbito de gobierno. Nada más, pero tampoco nada menos.


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