Ecos del Senado | Uso faccioso de las instituciones del Estado para perseguir a opositores

A pocos días de la jornada electoral del 6 de junio y ante la desesperación de ver caer en las preferencias a los candidatos de su partido, el Presidente López Obrador activa toda una estrategia política para incidir en los resultados de los comicios.

Con ese propósito utiliza de manera facciosa a las instituciones del Estado para perseguir a adversarios y opositores. En este contexto se enmarca la orden de aprehensión que -se dice- la FGR obtuvo en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.


Ta

mbién la determinación de la UIF de congelar las cuentas bancarias del mandatario estatal y de 12 personas más, acción a la que inclusive su titular, Santiago Nieto, dio un sesgo electoral al prejuzgar que podrían estar involucradas en el financiamiento ilícito de campañas.

Una vez que se conoció la noticia de la orden de aprehensión que concedió un juez federal, Migración emitió una alerta y en el Senado el líder de la bancada de Morena amenazó con iniciar el proceso para la desaparición de poderes en el estado, aunque reconoció que no cuenta con los votos suficientes en la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario.

En cuestión de horas todas estas instituciones y personajes se volcaron en la línea que el Presidente les ordenó para intervenir en el proceso electoral y de paso desviar la atención sobre los crecientes reclamos de justicia y la indignación generalizada por la tragedia de la L12 del Metro, donde a Morena no le corre prisa por esclarecer los hechos en los que están involucrados prominentes miembros de su partido.

Por lo que se refiere a la enorme polémica en torno a si el gobernador cuenta o no con fuero constitucional, luego de que la Cámara de Diputados se lo retiró y de que el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar la declaratoria de procedencia de conformidad con el artículo 111 de la Constitución, la duda se disipa si se acude a la exposición de motivos para interpretar dicha disposición, reformada en 1982:

“En los términos de la modificación relativa se pretende evitar la impunidad de las autoridades locales por la comisión de delitos federales; pero, en lo que a ellas corresponde, con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”.

Con base en ello, el ministro González Alcántara Carrancá desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas, contra el desafuero del gobernador “por notoria y manifiesta improcedencia”; por lo tanto, García Cabeza de Vaca mantiene la inmunidad procesal.

Pretender lo contrario, es violentar el orden constitucional, vulnerar el Estado de derecho y desacatar una determinación de la Suprema Corte, además de que como lo establece el artículo 225 del Código Penal Federal, comete delito contra la administración de justicia quien abra un procedimiento penal a un servidor público con fuero, sin habérsele retirado previamente conforme a la ley.

La intentona de deponer a un gobernador electo legítimamente por capricho es inadmisible y constituye un ataque directo al pacto federal.

La más reciente desaparición de poderes ocurrió en Hidalgo en 1975. AMLO dice tener como ejemplos a Juárez y a Madero, pero en los hechos se parece más a Luis Echeverría. Facebook: Lupita Murguía Twitter: @LupitaMurguiaG Instagram: @lupitamurguiag